© Helvetas / Thomas Kozlik

Contratación pública sostenible

El consumo sostenible debería ser una cuestión de rutina para los organismos públicos. Por esta razón, Helvetas solicita una modificación de la legislación suiza sobre contratación pública.
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Cada año, las administraciones federales, cantonales y municipales suizas adquieren bienes y servicios por un valor de 40.000 millones de francos suizos (aproximadamente 34.000 millones de euros o 41.000 millones de dólares): uniformes para las fuerzas armadas, computadoras para la administración cantonal o cercos para la plaza del pueblo. Se paga un total de 40.000 millones de francos suizos a miles de proveedores y contratistas en Suiza y en el extranjero. Pero la gente trabaja en condiciones precarias en muchos países en vías de desarrollo. Desde el colapso del edificio de la fábrica de ropa Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013, si no antes, el público en general es consciente de las deficientes medidas de salud y seguridad laboral en muchos países en vías de desarrollo y recientemente industrializados.

Las autoridades públicas asumen la responsabilidad del consumidor

Sin embargo, las autoridades públicas siguen haciendo caso omiso de su responsabilidad social como consumidores a gran escala. Sin duda, hay muchos municipios y oficinas públicas que desearían comprar bienes y servicios siguiendo criterios socialmente sostenibles e incluir esos criterios en sus licitaciones. Desafortunadamente, debido a que eso los pondría en una zona legal incierta, muchas oficinas de adquisiciones evitan agregar estas estipulaciones.

El parlamento suizo delibera sobre la revisión de una ley federal en cuanto a la contratación pública. Mientras que el proyecto de ley presentado por el Consejo Federal considera los aspectos ambientales en general, apenas va más allá de las normas sociales mínimas que muy estrictamente define la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto de ley tampoco estipula ninguna medida para monitorear la conformidad. Como resultado, todavía no se mencionan cuestiones tan vitales como la seguridad laboral y el horario laboral normal. Pero debido a que los contratos se otorgan casi invariablemente al postor más barato, el Gobierno federal suizo termina favoreciendo precisamente a los contratistas que reducen sus precios a costa de sus propios empleados. Esto pone en desventaja a todos los empleadores que toman en serio su responsabilidad social, ya sea en Suiza o en el extranjero.

La contratación pública frustra los esfuerzos de desarrollo

En otras palabras, el Gobierno federal suizo frustra sus propios esfuerzos de cooperación al desarrollo a fin de promover mejores condiciones de trabajo y cadenas de suministro sostenibles en países en vías de desarrollo y recientemente industrializados. No tiene sentido otorgar contratos de un millón de dólares a empresas en países en vías de desarrollo y recientemente industrializados que no muestren respeto por la salud de sus trabajadores y les paguen salarios que apenas les permiten subsistir, en el mejor de los casos.

En consecuencia, como miembro de la Coalición Suiza de Contratación Pública de ONG (junto con los programas Bread for All, Lenten Fund, Max Havelaar, Public Eye, Solidar Suisse, Swiss Fair Trade), Helvetas insta a la Asamblea Federal a adoptar la inclusión de criterios para la sostenibilidad social en la nueva Ley Federal de Contratación Pública.  

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